Otro Real Decreto  ley (18/2012, de 11 de mayo) nos trae novedades fiscales en el ámbito del sector inmobiliario con el objeto, según dice la exposición de motivos, de estimular la venta de inmuebles.

Se añade en la  disposición adicional decimosexta  la exención en un 50% de las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condición de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo  y hasta el 31 de diciembre de 2012.

No formarán parte de la renta con derecho a la exención: ni el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada.

La exención prevista en esta disposición será compatible, en su caso, con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios  y no resultara aplicable cuando la transmisión se produzca entre personas y/o entidades vinculadas.

Cuando el inmueble transmitido fuera la vivienda habitual del contribuyente  se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida, una vez aplicada la exención prevista en esta disposición adicional, que corresponda a la cantidad reinvertida en los términos y condiciones previstos en dicho artículo

En definitiva si se adquiere un inmueble entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre la hipotética plusvalía que se pudiera producir el día que se venda estará exenta en un 50%. Y esto aplica a sociedades y a persona físicas.

Se veía venir. El Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a dar alas al Gran Hermano mediante la aprobación de una serie de medidas que colocan a la ciudadanía en una situación de total indefensión ante la insaciable voracidad del Ministerio de Hacienda. Bajo la mascarada de un plan antifraude, el Gobierno pretende atar de pies y manos a los ciudadanos y empresas cada vez que los inspectores del Estado despilfarrador toquen a la puerta. Las medidas del Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal otorga a la Agencia Tributaria unos poderes propios de un país autoritario en el que el Estado de Derecho no es más que un bonito concepto que se repite en los libros de texto pero se viola en el mundo real a través de mandatos gubernamentales.

Como en la mejor película de mafiosos, el Gobierno otorga a los funcionarios de Hacienda las atribuciones que en un país decente sólo podrían tener los jueces. Así, el Fisco podrá embargar a los supuestos deudores mientras el juez instruya una causa penal. Esta competencia socava la presunción de inocencia y vende al contribuyente ante el afán confiscatorio del Estado. Para colmo, el Gobierno quiere aprobar que la interrupción de la prescripción de una obligación interrumpa también la de cualquier otra obligación que tenga ese contribuyente. De este modo, Hacienda podría amedrentara sus sospechosos con inspecciones interminables.

Además, como ya se había anunciado, el Gobierno prohíbe a los ciudadanos usar más de 2.500 euros de su dinero en efectivo bajo la amenaza de multas del 25% de la cuantía total de los pagos que se realicen a empresarios o profesionales. En menos de un siglo la clase política ha expropiado el dinero, nos ha dado en su lugar papelitos que imprime a placer y ahora nos prohibe incluso pagar en las cuantías que nos venga en gana con esos papelitos. El objeto de esta medida es obligarnos a meter el dinero en el banco en un momento en que muchas instituciones financieras están al borde del colapso.

No cuela la excusa según la cual esta es una medida dirigida a evitar el dinero negro porque el dinero negro no lleva factura y es precisamente el que escapará a esta medida. Por otro lado, Hacienda establece que aquellos ciudadanos que se despisten o retrasen en sus obligaciones fiscales pueden llegar a pagar 100.000 euros de multa en vez de los 600 euros actuales. Para las empresas las medidas intimidatorias se concretan en castigos de hasta 600.000 por incomparecencia, retraso o escasa disposición a colaborar con unos inspectores del Fisco que trabajan a comisión. El nivel de colaboración, algo que debería ser absolutamente libre si realmente imperase la presunción de inocencia, lo decidirá por supuesto la propia Hacienda. Así, los subordinados de Montoro continuarán siendo juez y parte, sólo que ahora tiene un poder amenazador mucho más grande:“O reconoces que estás escondiendo datos –sea verdad o no– o te metemos un puro de 600.000 euros por falta de cooperación”.

Muchos contribuyentes admitirán que han cometido fraude aunque no sea verdad con tal de detener esa pesadilla. Estas medidas animarán a más de uno que tenga mucho que perder a tratar de poner su dinero a salvo en paraísos bien alejados de este infierno confiscatorio. Quizá conscientes de ese efecto, el Gobierno ha metido en el Anteproyecto multas de hasta 50.000 euros por el incumplimiento de informar de la tenencia de cuentas opacas en el extranjero; medida que personalmente dudo que sirva para evitar la huida.

Si lo que se quiere es reducir el sector informal, el Gobierno tendría que reducir los elevadísimos impuestos, tal y como recomienda continuamente un Índice de Libertad Económica que paradógicamente presenta cada año en España el think tank del Partido Popular.

Pero el PP ha hecho justo lo contrario cometiendo un atropello histórico al elevar los tipos impositivos sobre el IRPF hasta situarlos como los más elevados de Europa en todos sus tramos y al aumentar el castigo impositivo sobre el ahorro y los beneficios.

Estamos asistiendo a una auténtica huida hacia delante de un Gobierno que pretende mantener un Estado insostenible a base de chuparle la sangre a los contribuyentes que más valor aportan a la economía nacional. La alternativa valiente hubiera sido decirle a la sociedad que muchos de los servicios del Estado del Malestar debían devolverse a la sociedad civil, aligerando así el gasto público y la losa que sepulta a los españoles más productivos, permitiendo además una mejora de la competitividad del país. En medio del descalabro económico al que ha contribuido el gobierno actual con sus medidas fiscales nos vienen con esta draconiana ley contra el fraude. Ahora más que nunca no todos somos Hacienda.

Gabriel Calzada

Diario Expansión

La gestión de la crisis no convence. La presentación de los Presupuestos Generales del Estado, aplazada más de lo que le hubiera gustado a Bruselas, era el examen definitivo para comprobar la intensidad de las reformas y los recortes plantados por un Gobierno que aseguró desde el principio ir a por todas.

Sin embargo, apenas unos días después de presentar el mapa de ruta, el Gobierno anuncia de tapadillo, con una nota de prensa, un recorte adicional de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación. Dado que el ahorro, según afirma el Ejecutivo, se va a alcanzar gracias a mejoras de gestión en ambos sistemas, no se explica por qué no se incluyó de entrada esa (lógica) medida en el mapa de ruta de los Presupuestos desde el principio.

Los desmentidos en el seno del propio Gobierno es otro elemento desestabilizador de la confianza. El diario Expansión publica hoy una entrevista con el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en la que asegura que “si falla la amnistía fiscal, hay que plantear subir el IVA”.

Mariano Rajoy ha negado en público una y otra vez que vaya a subir los impuestos directos, pese a la opinión de la mismísima Bruselas, del director general del Instituto de Estudios Económicos, Joaquín Trigo, o el investigador de Fedea, Luis Garicano, por poner solo algunos ejemplos, que entienden que la subida fiscal es una medida inevitable para cubrir la caída de los ingresos a la que se enfrenta la economía española.

Aumentar el gravamen no es un tema baladí. El turismo, el motor más claro para la economía en estos momentos, ha alertado en numerosas ocasiones de que una subida del impuesto retraería del consumo y supondría un palo en la rueda de la recuperación.

El ministro de Economía parece apoyar esta tesis. Hoy ha reiterado que descarta, al menos este año, una subida del IVA porque cree es una medida que se ha demostrado ineficaz para aumentar los ingresos del Estado. Aunque hablamos de un Gobierno que negó que fuera a subir el IRPF o recortar en Sanidad y Educación, que olvidó mencionar la amnistía fiscal que criticó unos meses antes y que prometió al sector turístico bajar el IVA que Zapatero había subido en julio.

De hecho, las palabras del secretario de Estado de Hacienda invitan a pensar que la subida del IVA, para qué nos vamos a engañar, sigue siendo un Plan B. Menos mal que Rajoy anunció que el suyo iba a ser un Gobierno previsible.

Fuente: Expansión.

El RDL 12/2012 en su disposición adicional 1ª aprueba una medida por la que los contribuyentes del IRPF, IS e IRNR, tienen la oportunidad de regularizar sus bienes y derechos no declarados, mediante la presentación de una declaración confidencial y el ingreso de un gravamen único del 10%, sin sanciones, ni recargos ni intereses, de su importe o valor de adquisición teniendo de plazo hasta el 30-11-2012 para la presentación de la declaración.

La titularidad de los bienes o derechos no declarados ha de haberse ostentado con anterioridad a la terminación del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiese finalizado antes del 31-3-2012, fecha de entrada en vigor del RDL 12/2012.
Adicionalmente a la declaración referida, ha de presentarse la información necesaria para la identificación de todos los bienes y derechos que van a ser objeto de regularización, por lo que parece, que si la renta no declarada fue gastada en , por ejemplo, el casino o perdida en la crisis, no podrá aplicarse la amnistía fiscal.

Grave también nos parece que los conceptos y períodos respecto de los que la Administración tributaria hubiera notificado al obligado el inicio de un procedimiento de comprobación, no se van a poder acoger a esta medida por lo que tendremos contribuyentes que habiendo declarado estén sujetos a un proceso que puede acabar con cuota, sanciones e intereses frente a otros que en la ventanilla de al lado hagan un ingreso de un simple 10% y con eso hayan pagado sus pecados con el fisco. Muy ejemplar.

¿Quiénes se acogerán a ella?. No quiero ni pensarlo.

Oscar Sáez de Bergia

Todos los años la Agencia Tributaria publica las directrices de sus actuaciones de prevención y control del fraude fiscal.

Además de las habituales actuaciones previstas en el Plan este año destaca las dirigidas a la desarticulación de los circuitos de la economía sumergida, que tendrán como objeto central el control integral de la importación y venta de mercancías procedentes de terceros países, fundamentalmente, de Asia. Además, será objetivo esencial de las actuaciones de investigación el descubrimiento de los arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio.

También se anuncia un especial hincapié en la persecución del empleo de facturas falsas con el fin de minorar el pago de impuestos, los entramados que abusan de formas societarias, mediante los cuales profesionales, artistas y deportistas utilizan sociedades para deducir indebidamente, a través de ellas, sus gastos particulares y el seguimiento de las operaciones con pago de efectivo de elevado importe.

La utilización de paraísos fiscales o residencias artificiales en el extranjero también centraran las actuaciones de la Agencia. Con este fin, entre otras medidas, se explotarán los datos obtenidos a través de acuerdos de intercambio de información con otras Administraciones Tributarias. Destaca para el ejercicio 2012 la posibilidad de obtener de Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas información relevante en la lucha contra el fraude fiscal.

El control de las grandes empresas y de los grupos económicos prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos en España y a las operaciones de ingeniería fiscal.

Preocupa especialmente a la Agencia como cobrar las deudas generadas con la Administración máxime en los momentos actuales de crisis. Por este motivo, la Agencia va a volcar su esfuerzo en medidas destinadas a lograr el ingreso efectivo de la deuda tributaria.

Nos faltaría saber cual es el objetivo de deuda que se han propuesto levantar en base a la estimación del supuesto fraude existente en los ámbitos citados.

Oscar Sáez de Bergia.